Una ley contra la quiebra

El concurso de acreedores que estipula la Ley Concursal persigue evitar la insolvencia de las compañías y personas físicas. De esta forma, la norma elimina dos figuras legales tradicionalmente temibles: la quiebra y la suspensión de pagos.

El principal objetivo de la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio), que entró en vigor el 1 de septiembre de 2004, es la búsqueda de alternativas para resolver las situaciones de insolvencia de las empresas y, de este modo, lograr su supervivencia. Para ello, la norma se encarga de regular el problema que se produce cuando el deudor se declara en crisis, y lo hace mediante mecanismos legales destinados a evitar que salga del mercado; es decir, a que se declare en quiebra o en suspensión de pagos. De hecho, la Ley deja anticuados estos términos y se centra en un procedimiento único: el concurso de acreedores, que lo puede iniciar tanto el deudor como los propios acreedores u otras personas legitimadas por esta normativa.

Una ley contra la quiebra

Como novedad, la norma no solo beneficia a las empresas sino que también se puede aplicar a las personas físicas. Así, se abren nuevas posibilidades para afrontar las deudas y no queda el embargo como única vía.

El hecho de que la solicitud inicial de abrir un proceso judicial de este tipo sea formulada por el deudor (concurso voluntario) resulta clave para que este mantenga una posición de protección legal. Por tanto, es importante que el empresario prevea la situación de insolvencia y presente la solicitud: de esta manera, la ley no le privará de las facultades de administración sobre su patrimonio. Si, por el contrario, son los acreedores quienes inician el proceso (concurso necesario), el deudor queda situado en peor posición ya que se le priva de las atribuciones de administración y disposición de sus bienes.

Acreedores
La normativa establece un procedimiento judicial único que consiste en reunir a todos los acreedores de la compañía deudora. Se trata de analizar su situación financiera y presentar un informe con el objetivo de renegociar con ellos un acuerdo de pago. En el documento constarán los siguientes datos: lista de acreedores, inventario, calificación de los créditos y análisis de la situación económica de la empresa en concurso.

Posteriormente, tiene lugar una propuesta de convenio bajo supervisión del juez. Una vez aprobada por los acreedores, se dispone a la ejecución del convenio cuyo objetivo es la liquidación de la deuda. En el peor de los casos, esto puede suponer el embargo y venta de los bienes de la compañía, por lo que esta desaparecería. Pero es posible que el procedimiento finalice con la reducción de la deuda de hasta un 50% y un aplazamiento del pago de hasta cinco años. Además, el deudor puede beneficiarse de otras medidas que se ponen en marcha en el momento en que se declare insolvente: paralización de las demandas interpuestas por la falta de pago y la ejecución de los bienes que se estén tramitando; interrupción de la acumulación de intereses en los créditos impagados; y reanudación de los contratos de crédito que habían sido interrumpidos por no atender a sus obligaciones financieras.

Eficacia de la ley
Desde su entrada en vigor, esta ley, que ha supuesto la modificación de más de 30 leyes en el ordenamiento jurídico español, entre ellas la Ley de suspensión de pagos de 1922 y códigos de comercio del siglo XIX, tuvo una satisfactoria acogida ante la necesidad de poner al día la insolvencia empresarial. Sin embargo, también han surgido voces críticas que califican la norma de ineficaz.

La Cámara de Diputados

El pasado mes de octubre, UGT entraba a valorar su funcionamiento con ayuda de las estadísticas que, según el sindicato, revelan que más del 90% de los casos de insolvencia empresarial (alrededor de 130, en 2006) terminan en la liquidación. Argumenta que el 99% de los 2.497 expedientes presentados (desde el 1 de septiembre del 2004) carecieron de propuesta de convenio de viabilidad, iniciativa fundamental para la recuperación de la compañía. En consecuencia, el sindicato pide al Gobierno un cambio en la legislación que evite la destrucción de empresas y la posible desprotección de los trabajadores.

Otras críticas a esta norma tratan sobre la situación que se produce cuando el empresario con una sociedad en quiebra pierde el derecho a su administración. El magistrado emérito del Tribunal Supremo, Manuel Iglesias Cabero, alerta sobre la suspensión por parte de los trabajadores de los derechos asociados a las jubilaciones no ordinarias. Otras voces critican los gastos elevados que se derivan de la apertura de este proceso judicial, en el que están implicados gran cantidad de profesionales: abogados, economistas, procuradores, auditores…

  • Para saber más:

Novedades de la Ley Concursal
– Los gestores de las empresas son los responsables de todas las decisiones que tomen respecto a la compañía. Se vuelve a instaurar el arresto domiciliario y la posibilidad de embargo de los bienes personales de los administradores actuales y de aquéllos que lo fueran en los dos años anteriores.

– Desaparecen las figuras de la suspensión de pagos y la quiebra, y se instaura la figura única del concurso de acreedores para resolver las insolvencias.

– Se crean los nuevos juzgados de lo mercantil, que serán competentes en este tipo de procesos.

– Desaparece la figura del interventor, sustituyéndose por la de la administración concursal, constituida por un abogado, un auditor o economista y un acreedor.

Borrón y cuenta nueva
Presentada por el grupo parlamentario catalán Convergència i Unió, la proposición de ley de reforma parcial de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, consiste en la puesta al día de una norma tras casi 19 años de vigencia. Se trata de dar respuesta a las profundas transformaciones que ha experimentado el mercado de capitales y el propio desarrollo normativo que en la Unión Europea ha vivido la regulación de la auditoría.

En este sentido, hay que tener presente que la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero produjo sustanciales modificaciones en el texto de ley, concretamente en relación a la responsabilidad de los auditores. Además, la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo –relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las consolidadas, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 9 de junio de 2006– ha revisado algunos aspectos sustanciales de la regulación de dichas auditorías de cuentas, que aconsejan acometer una reforma parcial de la misma.

Por razones de seguridad jurídica y por la necesidad de adaptar la Ley a la realidad internacional, el grupo parlamentario catalán cree necesario emprender dicha reforma parcial con el objetivo, asimismo, de eliminar la incertidumbre jurídica que pueda suponer la coexistencia de regímenes jurídicos con enfoques diferentes hasta que venza el plazo de transposición de la VIII Directiva, el 29 de junio de 2008.

Entre otros aspectos, la modificación parcial de la Ley de Auditoría de Cuentas se dirige a establecer para los auditores de cuentas un régimen de responsabilidad civil proporcional al daño efectivamente causado y compatible con las reglas generales del derecho privado en esta materia.