REACH quiere controlar 30.000 sustancias

Tras el visto bueno del Parlamento Europeo y los ministros de Industria de la Unión Europea, el reglamento REACH, destinado a la regulación de las sustancias químicas en la UE, entrará en vigor previsiblemente en 2007. La normativa afectará a 30.000 compuestos y supone una revolución en el sector.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene registrados más de 200.000 productos artificiales que pueden contaminar al hombre a través de los alimentos. La industrialización ha venido acompañada de un uso generalizado de sustancias químicas cuyos efectos resultan desconocidos a largo plazo. Con el objetivo de incrementar los controles, el Parlamento Europeo inició un proceso legislativo en 2001 con la publicación de un Libro Blanco donde se enunciaba la intención de regular el sector; y, tras escuchar a las partes implicadas, en 2003 redactó la propuesta Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas, más conocida como REACH (ver nº1 de Logismarket).

El texto fue aprobado por los diputados europeos a finales del año pasado y posteriormente autorizado, con algunas enmiendas, por los ministros de Industria de la UE. Pendientes de una segunda lectura en ambos organismos, profesionales del sector y ecologistas discuten sobre la idoneidad de la norma final. “Creemos que hay partes del texto que se han quedado cojas, en las que se abre la puerta a que algunas de las sustancias producidas no sean controladas de la forma adecuada”, avanza Sara del Río, responsable de campaña de tóxicos de Greenpeace. “Un REACH inadecuado puede reducir la disponibilidad de recursos para invertir en áreas como la protección de la salud (desde los fármacos hasta los artículos que garantizan los niveles de higiene o la potabilización del agua), la alimentación (productos para multiplicar el rendimiento de las cosechas o conservar alimentos), la informática o las telecomunicaciones”, argumenta Juan Antonio Labat, director de comunicación y relaciones institucionales de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique).

La primera y principal obligación que establece el reglamento es el registro de todas aquellas sustancias fabricadas o importadas en cantidad igual o superior a una tonelada anual, y que no estén previamente reguladas; en total, unas 30.000. “La tarea de las empresas será proporcionar la información que debe constar en el expediente: datos sobre la identidad y propiedades de la sustancia, usos previstos y estimación de la exposición de la población y el medio ambiente, volumen de producción, clasificación y etiquetado, fichas de datos de seguridad, evaluación preliminar del riesgo en los usos previstos, y una propuesta de medidas de gestión del riesgo”, explica Juan Antonio Labat. El siguiente paso sería la evaluación del riesgo por parte de una Agencia Europea para Químicos y, finalmente, la autorización. Es precisamente en este último punto donde se producen las mayores diferencias: “Creemos que se debe fortalecer el principio de sustitución, es decir, instaurar la obligación de cambiar estos componentes siempre que haya una alternativa adecuada más segura”, analiza Del Río. En realidad, ésta era la filosofía aprobada por el Parlamento, pero fue posteriormente modificada por el Consejo de Ministros de forma que la autorización se produce en función de los resultados de la evaluación de riesgos para cada caso.

Los ecologistas no están de acuerdo con el cambio ya que “no existe razón alguna para seguir utilizando sustancias peligrosas, como las CMR (cancerígenas, mutagénicas o toxicas para la reproducción) o PBT (persistentes, tóxicas y bioacumulables) siempre que se puedan sustituir”. Por su parte, la industria química sí se muestra conforme con el nuevo enfoque porque, según Labat, “el principio de sustitución no siempre es posible. Por ejemplo, si sometiéramos a autorización según ese principio a un producto como el café, que contiene sustancias cancerígenas de forma natural, éste no podría comercializarse en Europa, cuando resulta evidente que no representa ningún riesgo y no es necesario prohibirlo”.

El problema económico
La industria química europea, que representa el 35% de la producción mundial y proporciona empleo directo a alrededor de 1,7 millones de personas, ha temido desde el primer momento las consecuencias de la implantación del reglamento. Con la publicación de la primera propuesta, se realizaron numerosos estudios, entre ellos uno de Mercer Consulting en Francia y otro de Arthur Little en Alemania, que Feique tomó como referencia para estimar el impacto de la normativa en la economía española: “Calculamos que supondría la pérdida anual del 1,6% del PIB durante una década, así como la destrucción de cerca de 280.000 empleos”, revela el responsable de Feique.

Gracias a las modificaciones introducidas, los químicos nacionales admiten que las consecuencias finales de REACH serán mucho más reducidas. Del Río, por su parte, habla de sobrevaloración de las cifras reales y se refiere a la introducción del principio One substance, one register (Una sustancia, un registro), que permite a las pymes establecer consorcios para compartir los costes ocasionados por la burocracia del registro. “De todos modos, es importante resaltar que hasta el momento la industria química nunca ha incorporado en sus precios de producción los costes reales medioambientales y sanitarios que conlleva sacar estas sustancias al mercado”, argumenta la portavoz de Greenpeace. Sea como fuere, aún habrá que esperar a la segunda lectura en el Parlamento Europeo y a la aprobación final del texto: según Feique, será entonces cuando se efectúen nuevos estudios para evaluar su verdadero impacto económico