Arranca la `fiscalidad verde´

El Gobierno ya ha encontrado la fórmula para que los automóviles más contaminantes paguen más que los ecológicos. La nueva fiscalidad verde, que sustituye al Impuesto de Matriculación, establece por ley que el CO2 emitido por los vehículos profesionales o militares no tenga la consideración de contaminante.

Tras una serie de enmiendas y modificaciones, la Ley de Calidad del Aire y de la Protección de la Atmósfera fue finalmente aprobada el pasado mes de octubre. El Parlamento ratifica así la transformación del antiguo Impuesto de Matriculación, que dependía de la cilindrada. El nuevo, tras la entrada en vigor de la tasa verde, gravará de acuerdo a las emisiones de CO2 según diferentes tramos (ver Las nuevas tarifas ecológicas). De este modo, se premia a los vehículos ecológicos frente a los de mayor cilindrada y, por consiguiente, con mayor índice de contaminación.

La gran cantidad de enmiendas propuestas desde el Senado ha supuesto la introducción de una serie de disposiciones adicionales como complemento a la normativa. En este sentido, la nueva Ley hace una relación de los vehículos que quedan exentos de pagar los nuevos impuestos ecológicos. Se incluyen a todos los automóviles destinados al transporte de mercancías que estén ligados a una actividad económica: los derivados de turismos, los mixtos transformables, los comerciales ligeros y los industriales medios pesados quedan así exonerados de estos gravámenes y solo tendrán imputado el IVA. La normativa, por su parte, define qué es lo que entiende por actividad económica y añade literalmente que “se presumirá significativa cuando el sujeto pasivo tuviera derecho a deducirse al menos el 50% de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido soportadas o satisfechas con ocasión de la adquisición o importación del vehículo”.

Igualmente quedan exentos los vehículos de exclusiva aplicación comercial, agraria, clínica o científica. También habrá exención para los empleados por las Fuerzas Armadas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Además, las ambulancias y los vehículos que, por sus características, no permitan otra finalidad o utilización que la relativa a la vigilancia y socorro en autopistas y carreteras.

Marco jurídico

El objetivo de la futura Ley es sustituir la vieja regulación de Protección del Medio Ambiente Atmosférico de 1972, una norma que ha quedado desfasada por la Constitución y por las normativas comunitarias e internacionales. La Ley de Calidad del Aire refuerza la capacidad de acción frente a la contaminación y constituye una de las principales iniciativas emprendidas por el Gobierno en el marco de la Estrategia Española de Calidad del Aire.

Por otro lado, la nueva legislación faculta a las comunidades autónomas a fin de que ejerzan un control más riguroso. Recoge, también, el modelo de gestión de la calidad del aire vigente en Europa, basado en la fijación de objetivos de calidad, la evaluación periódica y la zonificación del territorio por parte de las autonomías según los niveles de contaminación, identificando a las que superen los índices permitidos. Una de las piezas esenciales de la estrategia es la introducción, por primera vez en un documento que adquirirá rango de ley, del concepto de fiscalidad verde, penalizando los consumos y actuaciones más contaminantes. Además, el plan diseñado por Medio Ambiente se propone conseguir un ahorro energético del 1% anual desde ahora hasta 2020.

La introducción de una fiscalidad ambiental y la reducción del uso del coche son dos de los aspectos centrales y más importantes. El escrito que defiende Medio Ambiente presenta un paquete de medidas cuyo propósito es reducir sensiblemente las emisiones a la atmósfera de los gases causantes del efecto invernadero y, consecuentemente, del calentamiento global y el cambio climático.

En relación al transporte, el objetivo del Ministerio es fomentar el uso del tren y del barco, en detrimento del automóvil. Las medidas consisten en el aumento de las tarifas de los aparcamientos urbanos o en la aplicación de los nuevos criterios ambientales para premiar a los vehículos que emitan menor cantidad de gases contaminantes a la atmósfera y gravar más a los automóviles de mayor cilindrada.

Mayores ingresos
Asimismo, las compañías concesionarias de autovías en España se frotan las manos ante el horizonte previsto tras la imposición de nuevos peajes para los vehículos pesados que transporten mercancías. Desde su punto de vista, esta medida incrementa los ingresos de las empresas gestoras debido al aumento del pago por el uso de estas autovías, incluyendo a los particulares. La norma aprobada por Bruselas y la intención del Gobierno se encaminan también a la introducción de variables ambientales en el uso de las autovías, de modo que los vehículos más contaminantes deban pagar más dinero por utilizar las vías rápidas. Por el momento, la directiva comunitaria recaudará entre 414 y 1.200 millones de euros de ingresos en concepto de peajes para camiones por el empleo de autovías que irán a parar a las arcas del Estado español.

En cuanto a la agricultura, se intensificarán significativamente los cultivos destinados a la producción de biocarburantes, que se espera constituyan el 10% del combustible que se consuma en carretera para el año 2020. Respecto al gasto energético, se pretende que, en 2020, el 37% provenga de energías renovables.

La Ley de Calidad del Aire intentará sacar a España de la cola de la fiscalidad verde en Europa. Según la Comisión Europea, los impuestos ecológicos se han reducido en la Unión Europea durante los últimos diez años alcanzando su mínimo histórico en 2005, cuando representaron solo el 2,6% del PIB de todos los países miembros.

Para saber más:

Las nuevas tarifas ecológicas
En primer lugar, los vehículos que no superen los 120 gr de CO2 por kilómetro quedarán exentos de pagar impuestos por matriculación. Los que estén entre 120 y 160 gr pagarán el 4,75% en la Península y Baleares, y el 3,75% en Canarias, frente al 7% actual. Los que se sitúen en el tramo de 160 a 200 gr abonarán el 9,75% en la Península y Baleares, y en Canarias, el 8,75%. Y por último, los quad, las motos acuáticas y los vehículos que emitan 200 gr o más estarán obligados a asumir un 14,75% en la Península y en el archipiélago balear, y un 13,75% en las islas Canarias.

Quien contamina paga
También en octubre de 2007 el Parlamento aprobó el texto de la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Se cumple así con la transposición de la Directiva Comunitaria 2004/35 en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. A diferencia de la Ley de Calidad del Aire, la contaminación de la atmósfera no está incluida en esta norma que persigue, no solo la reparación de los daños ocasionados al medio ambiente, sino también su prevención.

Con la nueva regulación, se pone énfasis en el principio de que quien contamina paga. La Ley va encaminada a la restauración total de los recursos naturales dañados y de los servicios que prestan, lo cual no se verá satisfecho con una simple indemnización dineraria. Otra novedad de la norma es el carácter ilimitado en la responsabilidad derivada de los perjuicios al medio ambiente. Es decir, se obliga a reparar en su integridad devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes de la actividad lesiva.

La norma afectará, de manera aproximada, a más de 5.000 instalaciones industriales, 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y casi un millón de explotaciones agrarias. Además, será obligatoria, aunque no antes de 2011, una garantía financiera para las compañías con potencial contaminante de más de dos millones de euros.